El régimen zamoristas y algunos de sus aliados estratégicos pierden tiempo y dinero de todos los santiagueños en escuchar conversaciones, tanto de amigos que se dicen incondicionales, como de opositores, ya sean empresarios, contratistas, comerciantes, médicos, abogados o cualquier otro sospechoso de haber criticado la administración de Gerardo Zamora.
Es decir que se continúa aplicando las mismas técnicas que durante el gobierno de Carlos Arturo Juárez, pero esta vez de una forma mucho más sutil y sin un Musa Azar que controle todo.
Los santiagueños saben que teléfonos celulares, fijos e inalámbricos y cuentas de correo electrónico han sido “pinchados” por el régimen, que paga empleados que oyen conversaciones ajenas o se enteran de intimidades que no estaban destinados para ellos, en forma ilegal, buscando opositores como si fueran enemigos declarados. Pareciera que para el zamorismo, ser parte de la oposición es un pecado imperdonable.
Algo similar ocurre con los blogs y sitios de internet, que periódicamente son “borrados del mapa” de un plumazo por hackers pagados al efecto, algunos de los cuales ya aparecieron en los diarios de Santiago, con nombre y apellido, empero la protección del gobierno les sigue asegurando impunidad para continuar con sus “trabajos” desde oficinas ubicadas en Buenos Aires.
Pero el espectro controlado es más amplio, como que el popular Facebook y otras redes parecidas son recorridas a cada rato por los ávidos ojos de espías pagados por Zamora y sus socios, en busca de las críticas de incautos ciber-navegantes que suponen que a nadie le importa lo que opinan sobre asuntos de la actualidad y -sobre todo- la política santiagueña.
Además las principales radios de la provincia son prolijamente auscultadas todos los días, por lo menos por dos empresas muy bien pagadas por el gobierno y cuyas oficinas están estratégicamente ubicadas en el centro de la ciudad. Empleados especializados de estas empresas graban todas las entrevistas, reportajes y notas que salen al aire, durante las 24 horas del día. Luego esas notas son filtradas y luego de ser desgrabadas pasan directamente a un funcionario que las distribuye entre ministros, secretarios y el propio gobernador.
A todo esto hay que sumar las cámaras de televisión que la policía de la provincia ubicó estratégicamente en varias esquinas de la ciudad, con las que no solamente se filman choques de autos y se hace seguimiento de carteristas, sino que también sirven para controlar la vida de algunos ciudadanos santiagueños de quienes se supone que si hablan mal del gobierno podrían ser parte de una gran conspiración.
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