La incorporación como delito federal de la difusión de información de fuentes de inteligencia dispuesta por el Acta Shield es la respuesta del Senado de EE.UU. a las filtraciones de Wikileaks. La nueva medida introduce entonces una importante limitación para la libertad de prensa y probablemente generará una fuerte polémica. También habrá que ver si otros gobiernos no adoptan iniciativas semejantes dirigidas a restringir a los medios de comunicación.
EE.UU. presenta el Acta SHIELD contra WikiLeaks
Los legisladores de Estados Unidos han introducido una reforma de ley que tipifica la publicación del nombre de cualquier fuente de inteligencia de EE.UU. como delito federal. Sí, te están hablando a ti, WikiLeaks. El senador Joe Lieberman (sí, el mismo detrás del bloqueo de Amazon a la organización) ha sido muy claro con el objetivo de estos cambios. Si con el “mensaje” no lo tienen comprendido, ahora les va todo el rigor de la ley:
La reciente diseminación de WikiLeaks de miles de cables del Departamento de Estados y otros documentos es sólo el último ejemplo de cómo nuestros intereses en seguridad nacional, los intereses de nuestros aliados, y la seguridad de nuestros empleados gubernamentales e innumerables individuos son arriesgadas por la liberación ilegal de información clasificada o sensible. Esta legislación ayudará a detener a criminales que ponen en peligro a estas fuentes de información que son vitales para los intereses de la seguridad nacional.
El Acta SHIELD (Securing Human Intelligence and Enforcing Lawful Dissemination) sería una enmienda al Acta de Espionaje que prohíbe la publicación de información clasificada sobre secretos cifrados o comunicaciones internacionales de inteligencia (como la grabación de conversaciones).
Esta acta extendería la prohibición para que se considere un crimen la publicación de información referente a la identidad de una fuente clasificada o cualquier informante de un elemento de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Sin embargo, esta acta también tendría otras implicaciones. Por ejemplo, un reporte podría ser penalizado legalmente si llegara a denunciar a algún elemento infiltrado de inteligencia o contrainteligencia.
Lo que queda claro que es que ni WikiLeaks ni Julian Assange podrían ser juzgados por las filtraciones de Irak, Afganistán o los cables diplomáticos, ya que la ley no castiga crímenes cometidos antes de su promulgación. Lo que sí es que esta nueva acta pone mucho más trabajo para la organización, quienes deberán asegurarse de borrar todo rastro de sus fuentes si no quiere verse tras las rejas. De hecho, en la última filtración, WikiLeaks avanza a paso de tortuga (80 cables por día, aproximadamente) para eliminar manualmente los nombres de sus fuentes.
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