En la justicia federal se conoció la versión de que colegas de un medio digital, “Informador Publico” podrían ser involucrados por el gobierno en un proceso penal.
Más concretamente, por haber publicado mails cursados entre la embajadora en Venezuela, Alicia Castro, Cristina Kirchner y el canciller Jorge Taiana. La nota en cuestión -y los mails- se encuadran en el contexto de la investigación periodística que están realizando sobre la red de corrupción de las coimas en el comercio con Venezuela. A estos hechos de enorme trascendencia pública se refieren las comunicaciones publicadas.
Ahora bien, hackear mails es un delito. Publicar el contenido de esos mails no. Y mucho menos aún si se refieren a hechos cuya relevancia justifica plenamente que la opinión pública los conozca.
La persecución al periodismo por este tipo de publicaciones puede conducir a las siguientes consecuencias. El terrorismo es delito. Entonces publicar información originada en grupos terroristas sería también delito. Cortar calles y rutas es delito (aunque en la Argentina sólo en el papel). Entonces difundir las proclamas de los piqueteros con sus cortes también sería delito.
Los ejemplos son interminables y la consecuencia una sola: la libertad de prensa quedaría reducida seriamente si se penalizara la publicación de información obtenida ilícitamente o de fuentes ilícitas. Por otra parte, casi a diario se difunden memos, documentos y comunicaciones reservadas de organismos del Estado, legisladores y funcionarios, sin que se piense en denunciar a los periodistas por violación de correspondencia.
Lo que hace que la persecución contra este medio de prensa independiente, y llegar a concretarse en este caso no es el supuesto delito, totalmente ajeno al periodista que recibe el mail, sino la intención de frenar la investigación sobre el escándalo de las coimas, intentando amedrentar a los medios mediante un proceso penal.
Junto a Venezuela en las coimas y en el retroceso de la libertad de prensa
De producirse este hecho, marcaría otro lamentable retroceso en el ya grave cuadro de presiones contra el periodismo independiente, reflejado en el último informe de la SIP. De consumarse esta persecución penal, estaríamos ingresando también en niveles de censura similares a los de Venezuela, donde el dictador Hugo Chávez criminaliza a los medios que no se le someten.
Así mismo manifiestan nuestros colegas “Nuestro procesamiento, de concretarse, no nos va a detener en la investigación del mayor escándalo de corrupción de la historia argentina. Más bien sería la demostración de que estamos en lo cierto”.De más está decir también que, en el caso de concretarse esta burda operación, vamos a denunciar esta coacción oficial a la libertad de expresión ante la justicia y los organismos nacionales e internacionales que se ocupan del tema.
Nosotros, como muchos otros periodistas, venimos sufriendo en forma casi ininterrumpida el hackeo y diversos intentos de bloquear nuestros sistemas informáticos sin que la justicia investigue en lo más mínimo estos delitos.
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