LOS CINCO JUECES DE CRIMEN DE CIUDAD CAPITAL CON OBEDIENCIA AL PODER EJECUTIVO

El abogado tucumano Juan Carlos Nacul, que en nuestro medio defiende al ex intendente Julio Alegre, formuló una denuncia a la Justicia del Crimen de Santiago del Estero, ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca), en razón de que cesan los obstáculos que impiden el normal desarrollo y ejercicio profesional de la abogacía.

Según Nacul, la Faca conoce en detalle la situación de la justicia santiagueña, que desde hace años mantiene en “comisión al Poder Judicial”, encontrándose en funciones, reales jueces de “facto”, con indisimulada sumisión y obediencia al poder político, los que les permite cometer todo tipo de abusos, excesos, vejámenes, demoras y delitos contra el desempeño de los abogados, desconociendo las más elementales principios del debido proceso legal adjetivo, avasallando con la garantía del legítimo derecho a defensa en juicio y el instituto de inocencia, de abolengo constitucional.

Avisó que “se padecen aberraciones intolerables por parte del Poder Judicial de Santiago del Estero, cuyos jueces llevan adelante medidas cautelares de tipo vejatorio, humillante, innecesarias, que generan ostensible y manifiesto atentado contra el ejercicio profesional de los abogados, su desempeño y derecho al trabajo, de raigambre constitucional”.

También el abogado de Alegre dijo a la Faca: “Santiago del Estero se ha caracterizado, históricamente, por ser un feudo político y hoy considero que es uno de los últimos que todavía se mantienen en el territorio nacional, con nocivos y lamentables resultados para la vigencia de las instituciones de la República, que atenta contra el democrático sistema de gobierno, representativo, republicano y federal, no existiendo en los hechos, el Constitucional control de división de poderes”.

Nacul machacó: “Resulta intolerable que en el actual y vigente Estado de Derecho imperante en la Argentina, que tanto dolor y sangre costó recuperar, no se garantice el normal y debido funcionamiento de un servicio de Justicia mínimamente independiente, con jueces designados al amparo constitucional que les permita observar y hacer observar la Carta Magna, y no estar al servicio de conveniencias y oportunidad del poder político, tal como se desprende de la doctrina, que motivara el fallo ‘Rosza’ de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Como abogado defensor del ex intendente de la Capital, Nacul sostuvo: “ En Santiago del Ester, los jueces del Crimen, Correccional y de Instrucción, que en realidad deberían ser jueces de garantías, como garantes del debido procesal legal adjetivo, de los principios de legalidad, oficialidad y oportunidad, entienden que ser ‘director de proceso’ los habilita para ser ‘dueños del proceso’, actuando inaudita parte sin vista, conocimiento ni consentimiento de las partes debidamente constituidas, resultando el titular de la acción pública -art. 120 de la Constitución Nacional- y la defensa del sometido a proceso penal, notorios convidados de piedra, sin derecho o posibilidad de ejercer sus pretensiones o elevar sus quejas, ante instancia superior jerárquica, dado el cerrojo impuesto por el Poder Ejecutivo provincial”.

Concluyó su denuncia a la Faca: “Si el Poder Ejecutivo provincial controla y digita férreamente todos los organismos centralizados y descentralizados, tales como Defensoría del Pueblo, Secretaría Provincial de Derechos Humanos y Colegios Profesionales, quedando notoriamente disminuida su potestad y margen de actuación institucional y administrativa, ¿quién podrá receptar y atender las quejas y denuncias, contra los diarios abusos y excesos de poder, ilegítimos e inconstitucionales?”.