Cada vez que puede, el gobernador Gerardo Zamora se refiere al compromiso de hacer su trabajo “con eficiencia, honestidad y transparencia”, sin embargo a menudo deja estampadas las huellas digitales de todos sus dedos en negociados poco claros, destinados a beneficiar a amigos, parientes y favorecedores.
Quienes leyeron el Boletín Oficial de ayer, seguramente se sorprendieron al percatarse que se harán 110 viviendas en la capital de los santiagueños, “por contratación directa”, esto es, sin pasar por ninguna de las instancias de una licitación, un concurso de precios, una compulsa aunque más no fuere. El monto de la obra es de 4.749.096 pesos y el plazo de ejecución ejecución, 180 días corridos.
El boletín sostiene que la obra tiene por objeto solucionar y mejorar la “situación habitacional” (sic) de diferentes grupos familiares radicados en diversos barrios, que no tienen posibilidades de acceder a los grupos habitacionales que ejecuta el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, debido a su situación socio económica; ya que en su mayoría son provenientes del interior de la provincia, con un alto nivel de pobreza y con una necesidad urgente de ser asistidos, mejorando de esa manera su calidad de vida.
De un día para el otro, justo cuando faltan pocos meses para las elecciones de la comuna en Santiago, el gobierno se percata de que existe una urgencia de dar solución al problema planteado, por lo que el Instituto Vivienda y Urbanismo solicitó autorización para hacer la llevar a cabo obra mediante el sistema de contratación directa.
Es obvio que las asesorías legales tanto del organismo ni del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, no han presentado objeciones a la solicitud, encuadrándola en la ley de obras públicas.
¿Cómo se justifica la supuesta urgencia el gobierno si desde hace varios años hay cientos de familias pobres en Santiago que esperan una vivienda digna? Para los asesores del gobierno, basta con transcribir el artículo de la ley que autoriza las excepciones y la correspondiente aprobación del Poder Ejecutivo.
Para quienes sientan curiosidad por corroborar la información, el decreto tiene el número 7.780/10, fue firmado el 28 de mayo pasado por Gerardo Zamora, Elías Suárez y Argentino Cambrini y publicado en el Boletín Oficial de ayer, entre las páginas 3 y 4.
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