El clima y la oportunidad le son privilegiadas al gobierno provincial: un Acta de Reparación Histórica lograda del gobierno nacional que beneficia por primera y única vez a Santiago del Estero - Un desarrollo agro industrial sin precedentes en nuestra historia y la no menos importante Ley de Promoción Industrial negada en anteriores gobiernos, hoy reconocida con posibilidades económicas ciertas y reales de fomento. Tal vez sean lo mayores logros del presente gobierno.
Pero cuando de institucionalidad se trata, el "Debe" supera ampliamente al "Haber" en el balance general de la historia. Entonces: ¿ sirven las obras de infraestructuras cuando no existe en vigencia una real institucionalidad ?. Excluyéndose a los oportunistas de turno que lo son muchos. Quienes saben del tema y la historia, afirman que NO.
Un Estado sin control y debida institucionalidad en el sistema Republicano y Democrático de Gobierno, es inconciliable. La división del Poder se impone como necesidad. No solo, para limitar en su ejercicio al Poder Ejecutivo impidiendo así sus abusos y extralimitaciones; sino a mas, para equilibrar la balanza del Poder en el ejercicio armónico del "control" en favor de los mas débiles: los ciudadanos.
Así el Poder Judicial se constituye en la ciudadela, en el guardián de los derechos individuales y colectivos ante el atropello y los abusos de los restantes poderes (Ejecutivo - Legislativo) a él debemos recurrir al logro de la reparación del "Derecho o bien jurídico lesionado". Pero ante los atropellos y abusos del Poder Judicial: ¿donde recurrir? ¿Que nos queda? NADA. Contra el despotismo del Poder Judicial, el ciudadano común no posee recurso alguno.
Desde abril/2004, los santiagueños vivimos sin advertirlo en ausencia total de institucionalidad. Ante la inexistencia o ante la mera apariencia de un PODER JUDICIAL independiente. Cuya idoneidad y probidad en muchos de sus miembros hoy se cuestiona.
Gerardo Zamora lleva transitando mas de un tercio de su segundo mandato como gobernador con un Poder Judicial inconstitucional. Jueces en comisión y en provisoriedad del cargo por más de seis años: NO SON JUECES de la Constitución.
La precariedad del cargo y la fuerte dependencia laboral, impide a los actuales magistrados actuar con "objetividad e independencia" en graves hechos sospechados de corrupción administrativa y en tantos otros ilícitos sufridos por particulares que continúan impunes ante la decidía y negligencia de sus responsables.
Santiago del Estero es sin duda alguna la provincia con record nacional a la hora del balance general de institucionalidad. Solo comparable a los gobiernos de facto (proceso militar). En democracia no existe antecedente alguno que se le parezca.
Pero ello parece no importar al sentimiento ciudadano. Solo nos damos cuenta de esta grave situación en la privacidad de nuestros valores. Es decir, cuando nuestros derechos personales o patrimoniales son vulnerados y recurrimos en auxilio y amparo de "justicia". Allí recién advertimos de su real importancia. Para comprender, aunque tardíamente, que no puede haber crecimiento estructural como se predica, sin institucionalidad.
Las bonanzas de primavera pasan, dejando una estela de crímenes y hechos ilícitos irresueltos o impunes. Del mismo modo a lo vivido en la década de los setenta, esperemos los santiagueños en el juicio de la historia, algún día poder decir: NUNCA MÁS.-
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