Sus números de documentos los delatan, la mayoría son jóvenes y -es de suponer- desocupados, en la provincia más indigente de la Argentina, la que menos ricos ostenta, la que más pobres tiene. Sus nombres y apellidos aparecen casi todos los días en el Boletín Oficial porque el gobierno les tiró un hueso al nombrarlos en alguna área con un “contrato de locación”, un eufemismo que esconde la más dura y cruel explotación laboral, la de los empleados en negro.
La Terminal, los hospitales de Loreto, Añatuya y Frías y el de Niños de la Capital, sumados al Centro Cívico que se está terminando frente a la plaza Libertad y el Centro de Convenciones que se anuncia en el ferrocarril Mitre no alcanzan para disimular que este gobierno no ha tenido, no tiene y al parecer no va a tener: una política de empleo para los santiagueños. Todos los años egresan miles de jóvenes de las escuelas secundarias y cientos de profesionales obtienen un título en sus universidades. Y a menos que abran un negocio por su cuenta o tengan la suerte de ser hijos de familias pudientes, no hallarán un lugar en el que demostrar lo que saben.
Obras faraónicas
La Terminal no se financia a sí misma ya que un edificio de vidrio, ¡en Santiago del Estero!, necesita aire acondicionado casi todo el año y no hasta ahora no se halló un sistema para hacer que se sustente a sí misma.
La mitad del hospital que se construyó en Añatuya está ocupado por el asilo de ancianos, no funcionan los modernos aparatos que se instalaron en el de Frías y algo similar ocurre con el de Loreto. El dinero que se ofrece a los médicos para que vayan a trabajar son promesas de hambre más que sueldos dignos.
El Centro Cívico servirá para que el 24 de julio lo inaugure la presidenta, Cristina Fernández junto al gobernador Gerardo Zamora pero, ¿y después? Es una incógnita que todavía no han develado las autoridades.
Con estas obras faraónicas, la provincia sigue invitando a sus mejores hombres -generosamente- a la huida lisa y llana. Qué se debe esperar de Santiago si nombra director de su único museo histórico a un profesor de inglés, para peor foráneo, es la pregunta que por estos días se hacen cientos de egresados del profesorado de Historia, entre otros.
El problema lo deberá afrontar el próximo gobierno, cuando miles de empleados en negro, pidan ser pasados a la nómina del Estado, pero blanqueados. Si se hubiera tomado aunque más no fuese una mínima prueba de aptitudes a quienes se contrata, el procedimiento habría sido legitimado, pero ni eso se hizo y se prefirió que los jóvenes mendiguen a los políticos un contrato de locación para seguir subsistiendo.
Como en las peores épocas del juarismo, sistema que supuestamente este gobierno venía a desterrar.
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