Tarde pero seguro el gobierno de la provincia se percató de que los 56 mil bolsines de alimentos que le regaló a la CGT no serán entregados jamás a sus beneficiarios, la gente pobre (porque los diputados Andrés Bernasconi, Gerardo Montenegro y Ángel Llamazarez se metieron los cuatro millones que les dieron para comprarlos en el propio bolsillo).
Por eso el 23 de julio, el gobierno de la provincia -esta vez sí- llamó a licitación pública para comprar 32.600 “bolsines familiares” (sic) por un poco más de dos millones de pesos, supuestamente destinados a “familias de escasos recursos”, según dice el decreto 1.145, firmado por el gobernador, Gerardo Zamora, el jefe de Gabinete, Elías Suárez y el ministro de Salud, César Martínez.
Estos bolsines constituyen el último intento de revivir la campaña electoral de Hugo Infante.
Mientras, los demás candidatos, salvo los testimoniales que responden al gobierno, no se cansan de repetir a la gente de todos los barrios, que reciban las bolsitas de mercadería pero que la vez cumpla su deber cívico de votar por quiénes su conciencia se lo indique, en el intento más fenomenal que ha tenido lugar en Santiago, por desvirtuar un perverso sistema que se aprovecha de los pobres para torcerles la voluntad.
En realidad, este intento por revertir la desastrosa campaña de Infante, se trata, en el fondo, de una de las últimas maniobras que ensaya el oficialismo gobernante para salvarse de debacle electoral que se le viene y la segura cárcel que sufrirán sus principales capitostes en caso de que cualquiera que venga por detrás investigue los hurtos a que someten al tesoro provincial.
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