Con la misma celeridad que los medios de prensa oficialistas informaban del desbaratamiento de una organización criminal bajo la modalidad "piratas del asfalto", mostrando imágenes elocuentes de los depósitos en la zona residencial del Zanjón.
Galpones en Capital y Banda allanados con secuestro de mercaderías por más de cuatro millones de pesos y hasta de un camión recientemente robado en Capital Federal. Se ordeno un silencio sepulcral. En sede judicial y policial, nadie comenta los procedimientos, lo más grave, a una semana del desbaratamiento de esta banda de ladrones, ningún juez ordeno al menos una detención.
Fuentes dignas de crédito informaron a este medio que, el principal sospechado es el ciudadano - C. Pinto – quien seria socio del más importante nuevo empresario surgido en la era zamorista. Muy conocido en la sociedad santiagueña, de nombre José y de apellido vinculado al transporte, quien rápidamente movió sus vinculaciones y pidió auxilio a su hermano magistrado quien como primera medida mando al sospechado al estudio de un abogado defensor que debía designar.
Comisiono a Chavarría para llevar un mensaje al juez actuante (coquito Moreno) para poner paños fríos al hecho y aceptara el Habeas Corpus con eximición de presión que le presentaría el sospechado Pinto.
Cabe destacar que el concejal Daniel Zamora frecuenta asiduamente el domicilio de Carlos Pinto, quien seria un prestanombre de este, junto a "Pibe Ñoño Robles". Asi mismo la fuente indica que varios de los camiones alquilados en la municipalidad de la capital por el edil, fueron "ponchados el chasis" por Pinto. Toda una cadena de corrupcion, el año pasado un magistrado le secuestró un camion semi nuevo a Pinto y lo entregó como depositario judicial a un comisario mayor, propietario de un corralon de materiales para la construccion, ubicado en el cruce de la Ciudad de la Banda.
Los muchachos parecen no tener límites. Son muchos los camiones, acoplados y maquinarias pesadas sustraídas o robadas en otras provincias que hoy están alquiladas en distintas reparticiones locales, en especial, vialidad y recursos hídricos.
Seria saludable a la confianza pública que, el juez Moreno no sienta el amedrentamiento y actué conforme al derecho y mande solicitar los vínculos telefónicos de los sospechados. Seguro, muchos actuales de los denominados "pesados del gobierno" deberían estar presos.
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