En estos últimos meses tres secretarios generales de gremios aparecieron en los medios masivos de comunicación esposados y presos. Si bien la diferencia es abismal entre unos (Zanola y Pedraza) y el otro (Venegas), lo cierto es que la dirigencia sindical argentina ha puesto las barbas en remojo, pues lo más probable es que “vengan por más”.
Es sabido que hay una treintena de dirigentes sindicales que están en sus cargos desde hace muchos años, pero nada se dice de los otros quince mil dirigentes que normalmente renuevan sus mandatos y dejan sus cargos a otros. Pero no importa, la voz de orden parecer ser: los dirigentes sindicales son burócratas y corruptos.
Se ignora incluso que la mayoría de esa treintena de dirigentes tiene que permanecer en los cargos porque lo obliga la mecánica de mantenimiento de su propia organización sindical. Pues el poder sindical no es político sino social y el poder en la sociedad se maneja a través de un juego de tensiones (público-privado, mando-obediencia, amigo-enemigo) que no todos los dirigentes sindicales pueden manejar. Es más, en la mayoría de los casos de reemplazo por elección, retiro o fallecimiento de un “viejo dirigente sindical en el cargo”, la organización gremial salió siempre debilitada y en muchos casos hubo de pasar mucho tiempo para su recuperación y en otros muchos, la misma organización languideció lentamente hasta desaparecer o perder significación.
El poder social, incluso más que el poder político, exige lo que los antiguos llamaban la reductio ad unum, la reducción o la concentración hacia uno.
Otro de los temas es el ataque que reciben las obras sociales sindicales. En Argentina existen tres sistemas de salud: el privado (prepagas), el público (hospitales municipales) y el sistema solidario de salud administrado por los gremios y que atiende un promedio de 19 millones de personas. Este sistema fundado en el aporte solidario de los trabajadores a un fondo común, y una cápita aportada por el Estado, ha permitido hasta ahora mantener un alto nivel de servicio médico en Argentina. A ello se suma el APE (Administración de Programas Especiales) fondo creado también por los aportes sindicales, pero administrado por el Estado, para atender a las grandes operaciones y tratamientos costosos. El manejo discrecional del APE contra los sindicatos que no muestran simpatías por el gobierno está provocando el ahogo financiero de muchas obras sociales en desmedro de su buen funcionamiento. Además de la excesiva “coima o retorno” que reclama este organismo por cada pago que hace.
El mundo sindical sabe que existe un proyecto, no develado, de reemplazo del sistema solidario por un sistema mutualista administrado no ya por los sindicatos sino por otro tipo de organizaciones sociales. Es probable que “vengan por más”.
La tercera de las grandes agresiones sufridas por el movimiento obrero organizado han sido los juicios avalados por la Corte Suprema de Justicia que permiten que un obrero sea delegado sindical sin estar afiliado al sindicato, lo cual mina desde abajo su autoridad y poder. O el otro gran juicio, que permite a los sindicatos sin personería gremial participar de las discusiones correspondientes a las convenciones colectivas de trabajo. Todo ello va en contra del modelo sindical argentino, creado por el General Perón y mantenido por el movimiento obrero por más de sesenta años para beneficio del pueblo trabajador. Hay que decirlo con todas las letras: la democracia sindical argentina se funda en el principio de “la suficiente representatividad” donde el sindicato con más afiliados tiene la responsabilidad de negociar por la actividad, el oficio o la rama de producción. Si se quiebra este principio en función de un democratismo formal, terminaremos como Chile con sindicatos de 12 ó 15 miembros y sin ningún poder antes las Cámaras empresariales para negociar condiciones de trabajo. En definitiva, termina jodido el trabajador.
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