Los órganos de control administrativo y legal de la provincia, en verdad, están pintados. Funcionan como "sucursales notariales" del Poder Ejecutivo y Jefatura de Gabinete. No cumplen en sus fines, con lo dispuesto por la Ley y la Constitución. Sus Dictámenes, son verdaderas gambetas de arbitrariedades que legalizan solo en lo "aparente" el terrible saqueo al patrimonio publico y social que a diario advertimos los santiagueños. Hechos similares de estos funcionarios en otros tiempos a más de sus despidos, traían aparejado el encarcelamiento. Pero como dijimos, eran otros tiempos.
Bajo la modalidad de los consabidos DNU (que no son privilegio solo de Cristina) nuestro Gerardo lleva adelante " sus negociados y sus más atroces arbitrariedades bajo el rotulo de buen administrador ". El mismo modus operandi que llevo a su ex socio Julio Fernando Alegre hasta su nuevo alojamiento en Colonia Pinto.
Bajo la modalidad de una "urgencia" inexistente y de una "necesidad" fabricada, el gobierno sortea todos los controles administrativos a la hora de repartir entre sus amigos empresarios (constructores - proveedores, etc. ) la "caja" provincial. Cual sabido, es siempre creciente al igual que sus patrimonios personales.
Las compras de alimentos - medicamentos - insumos hospitalarios - ropas deportivas - frazadas - zapatillas - leche en polvo - equipamiento de escuelas - construcción de pequeñas obras, etc. etc. etc.. En definitiva, todo lo que el "buen político necesita para explotar el hambre y la miseria de la gente" le son proveídos por los mismos empresarios amigos. Un solo requisito basta para ser beneficiado por tan selecto cliente, el 20% de lo facturado debe retornar para el gobernante.. Quien por cierto lo preserva en seguro resguardo. Todo en modo cíclico. Como lo es cíclico el turno de las empresas proveedoras debidamente controladas desde Jefatura de Gabinete a fin de evitar el surgimiento de " competencia desleales ", tal como acontece en Desarrollo y Acción Social o en la Salud. En otros casos, sus empresarios se han corporizado en instituciones, tal el caso de la "Cámara de Droguerías" integrada por doce selectos proveedores que mes a mes se reparten $12.400.000 en medicamentos que nunca llegan a los hospitales, menos aun a la gente.
Sin Licitaciones Publicas, sin aplicación de la Ley de Libre Competencia y Antimonopolio, violando sistemáticamente la Ley de Ética Publica, sin la debida intervención e invitación en las "ofertas de firmas proveedoras y fabricantes nacionales en todos los rubros", el Estado seguirá tercerizando sus compras a través de sus amigos a costos que en muchos casos superan el 150%. Resulta llamativo que aquellos órganos del contralor y hasta la misma Cámara de Diputados no adviertan esta situación. Y lo más grave, lo convalidan.
Tan solo en algún caso excepcional se recurre a la Licitación Pública, cuando de rutas provinciales se trata. Llamativamente, jamás se les ocurrió a nuestros gobernantes mejorar o repavimentar la Ruta Provincial N° 1. Sera porque la misma nos conduce a Colonia Pinto?
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