PROYECTOS A TRATAR EL MARTES 16 EN LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

Desde el bloque del F.U.P presentaran 3 proyectos, 1º referido a Lionel Suarez por su incapacidad y por la supuesta percepción de dos sueldos, como jubilado y como Presidente del superior tribunal de justicia; 2º) Sobre el subsidio a los diputados-gremialista-benefactores por $2.000.000 y el 3º) Sobre adjudicación de obra en el Hospital Regional, que fue anunciada en Febrero pero no se llamó a Licitación y se la adjudicaron por $20.000.000 a la empresa Conorvial de prepo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente: El presente proyecto obedece a que, según fuentes fidedignas llegadas a nuestro conocimiento, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Dr. Armando Lionel Suárez, podría estar percibiendo dos ingresos, por un lado, el sueldo por el cargo que ejerce, y por el otro, el haber jubilatorio.
En caso de confirmar lo mencionado, dicho magistrado estaría violando la Ley Provincial N° 6008, la cual en los arts. 1 y 2, expresamente dispone: Artículo 1.- “Es incompatible el desempeño de cualquier cargo o goce de sueldo o remuneración en la Administración Pública Provincial Centralizada, Descentralizada y Autofinanciados, estén o no incluidos en el Presupuesto General de la Provincia, incluyendo los miembros del Poder Legislativo y Judicial (…)”. Artículo 2.- “Es incompatible el desempeño de cualquier cargo en los Organismos enunciados en el artículo anterior con el goce de una jubilación pensión o retiro civil o militar, provenientes de cualquier régimen provisional nacional, provincial o municipal, público o privado, salvo que el empleado o funcionarios renuncie a la percepción de los haberes mientras permanezcan en el, o a los sueldos correspondientes al cargo que desempeña”.
En este sentido, el art. 3 de la ley precitada, en su parte pertinente, dispone lo siguiente: “En los casos del artículo anterior, el empleado o funcionario deberá acreditar mediante certificación de autoridad competente la suspensión de la percepción de los haberes jubilatorios, si opta por ello (...)”.
Asimismo, el presente proyecto tiene por objeto que la Administración Nacional de Seguridad informe que tipo de incapacidad justificó el otorgamiento del beneficio jubilatorio a dicho funcionario, puesto que se trata, nada más y nada menos, que del Presidente del Superior Tribunal de Justicia, CARGO MAS ALTO DE LA JUSTICIA PROVINCIAL, lo cual implica las más amplias aptitudes técnicas y éticas para el ejercicio de dicha función.
Sr. Presidente, por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente proyecto.-
1º) Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a fin de que informe en una plazo de no más de SIETE DIAZ (7), conforme a la Constitución Provincial, sobre las razones que llevaron al Gobierno de la Provincia a otorgar un subsidio por PESOS UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($ 1.999.680), no reintegrable, para la adquisición de CINCUENTA Y OCHO MIL (58.000) bolsines de alimentos, a través del Decreto Nº 0.130/10 de fecha 27 de Febrero del corriente año, con la firma del Sr. Gobernador de la Provincia Dr. Gerardo Zamora y del Jefe de Gabinete Sr. Elías Suarez, a los Gremios U.P.C.N. presidido por el Diputado Provincial Gerardo Montenegro, U.A.T.R.E. por el Diputado Andrés Llamazares y S.I.V.I.P.S.E. por el Diputado Andrés Bernasconi, los tres integrantes del BLOQUE de Diputados del FRENTE CIVICO Y SOCIAL que responden al Gobierno Provincial.

2º) Se informe cuales son razones que motivaron a las máximas autoridades de la Provincia a elegir como beneficiarios, a estos tres diputados-gremialistas, de estos exorbitantes subsidios, sin que se den los fundamentos legales, técnicos, y sociales, para ser ellos, los destinatarios y distribuidores de bolsines, ya que esta practica está alejada de la esencia de su actividad gremial, que más bien debería estar orientada a la lucha de las reivindicaciones sociales de los trabajadores y no al reparto de bolsines con fines electoralistas.

3º) Se diga cuales son las razones de necesidad y urgencia, como de emergencia que exige la Ley de Contabilidad, aludidas en el mismo Decreto Nº 0.130/10, para que estos mismos representantes legislativos sean los favorecidos por el mencionado Decreto, y que justifique su fragante violación a todas las normas de contratación, como el hecho de que la compra lo sea en forma directa, sin licitación pública.

4º) Informe cuál es la Empresa o la razón social de la mencionada Empresa proveedora, como de quienes la integrantes, favorecida con este Decreto por el Gobierno de la Provincia.
5°) Informe el excesivo monto facturado y pagado por la Provincia de PESOS SESENTA Y OCHO ($ 68) por cada unidad alimentaria, sin permitir el libre juego de la oferta, con la participación de otros representantes comerciales del medio.

6º) De forma.-

FUNDAMENTOS

Resultan extremadamente inconcebibles e inexplicables ante propios y extraños, los motivos que nos llevan a presentar este proyecto. Este triangulo inescrupuloso formado entre el Gobierno, los diputados- gremialistas- beneficiarios de bolsines de mercaderías, los preferido proveedor de los costosos bolsines, con un costo de PESOS SESENTA OCHO cada uno($ 68), anulando y eludiendo toda la normativa legal para este tipo de adjudicaciones, por un monto de nada más y nada menos de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISIENTOS OCHENTA ($ 1.999.680), resulta este acto de Gobierno de más irrisorio y burlesco, ante una sociedad que esta asqueada de estas prácticas arteras y degradadoras de la condición humana, como una burla a la pobreza y a los que realmente deberían ser los encargados de repartir, sin ninguna tipo de especulación política-electoral, los que deban distribuir estos alimentos, para mitigar el hambre, muchas veces negado por este Gobierno, que permanentemente se jacta de un Santiago Mejor y Distinto. Por lo que cabe preguntarse, cual es la urgencia?, cual es la necesidad?, cual es la emergencia?, que justifique esta, como tantas otras operaciones al margen del la ley de Contabilidad y de Contratación de la Provincia, sin ninguna razón que justifique eludir o dejar a un lado el estricto cumplimiento de los requisitos legales que justifiquen estas compras directas, o incluso de adjudicatarios de actos administrativos sin que los mismos hayan sido llamados previamente a Licitación o en su defecto a Concurso de Precios, cuando en la realidad, de antemano están nominados sus beneficiarios a cualquier llamado de Licitación, a lo que nos quiere acostumbrar este gobierno; o es la urgencia de los cuatro o cinco meses que faltan para las elecciones de Intendente, donde o qué casualidad, uno de los diputados-gremialista benefactores y a su vez caritativo con los fondos del Estado, es decir, del pueblo, el diputado Gerardo Montenegro, sería uno de los candidatos a Intendentes del oficialismo o del gobierno de Zamora, encargado de la pesada y ardua tarea de repartir ante los humildes estas dadivas que denigran y pauperizan al nuestro pueblo.
Consideramos que los más loable de parte de estos dirigentes gremiales sería convocar al pueblo trabajador, para que los ayude en la lucha de mejoras salariales, condiciones laborables y todo otro beneficio que tanto necesitan los trabajadores. O estos SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO ES EL PRECIO DE SU SILENCIO O COMPLICIDAD, al no acompañamiento o mirar para un costado, a los reclamos salariales de los distintos sectores laborables de la provincia sean estos docentes, trabajadores de la salud, judiciales, policías, de la administración pública o municipales, etc.
Por estas, y muchas razones que expondremos en el recinto, es que pido a estos diputados-gremialistas-benefactores del gobierno-caritativos con el dinero del pueblo, cordura y rechacen estos privilegios propios de una sociedad conservadora, retrograda, y fruto de la ignominia más aberrante a que se pueda haber visto en el país; por cierto que nadie creería en estas barbaridades, si uno tuviera que comentarlas en cualquier medio nacional, ya que darían lugar a la más incrédula risa y a lo grotesco y desfachatado de este acto administrativo, como de muchos más, propio de un gobierno carente de propuesta y que comienza a sentir el alejamiento del pueblo, a pesar del encubrimiento con que cuenta de los medios locales, más una pléyade de dirigente genuflexos al poder de turno.

PROYECTO DE COMUNICACIÓN
1°) Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a fin de que informe, a través del Ministerio de Obras Pública, en un plazo de no más de siete días (7), conforme al art. 135 de nuestra Constitución Provincial, las siguientes cuestiones:
a.- Cuáles son los motivos o las razones por las cuales se procedió a derrumbar toda la construcción realizada en el terreno del Hospital Regional, colindante de la calle Lamadrid, por la Empresa SARQUIZ ”MIJOVI”, durante la Intervención de Juan Schiaretti, y en su caso, señalar si existían fallas en la construcción, como así también, si se precedió a impulsar las acciones legales a los fines de deslindar las responsabilidades del caso, tanto de la Empresa Constructora, como de los funcionarios encargados de la construcción oportunamente.
b.- Se informe a esta Cámara el monto de la mencionada construcción en demolición, como lo percibido por la aludida empresa, durante la Intervención Federal de Juan Schiaretti.
c.- Se explique porque la Empresa Conorvial, es la encargada de realizar estas tareas de demolición, como por los montos y modalidades legales, en fue adjudicada a esta Empresa las referidas tareas de demolición, para la construcción de nueva obra.
d.- Se informe a la brevedad, cuales son las razones por las cuales fueron adjudicadas a la misma Empresa Conorvial, las nuevas obras a realizarse en el mencionado terreno del Hospital Regional, sin licitación alguna, por un monto aproximado de PESOS VEINTE MILLONES ($ 20.000.000), a pesar de su publicación en los medios locales en el mes de Febrero, y no se realizó aún la prometida licitación, y la obra ya está adjudicada.
e.- Se explique los motivos de no haberse publicado oportunamente en el Boletín Oficial sobre las finalidades a cumplir por este nuevo emprendimiento, como la respectiva publicación del decreto por parte del Gobierno de la Provincia, de la nueva obra a construirse en el mencionado medio Oficial.
f.- Se informe las razones por las cuales se omitieron cumplir con todas las formas legales que prevé la ley de Contratación de Obra Pública, como de Contabilidad de la Provincia, tanto para la demolición de la misma como para la construcción de la nueva a realizarse.-
2°) De forma.-
FUNDAMENTOS
A nadie escapa la ligereza con la que este gobierno inicia emprendimientos de magnitud, sin tomarse los recaudos legales, establecidos por tanto por las leyes Contratación de Obras Pública, como de Contabilidad de la Provincia; como la acostumbrada y permanente omisión del llamado a Licitación Pública, y aún en este hipotético caso, todos sabemos del amañado pool empresarial, donde tres o cuatro empresas locales se reparten artificiosamente y ilegalmente la obra pública provincial, bajo formas supuestamente legales, las que a su vez derivan en otras empresas menores que nacieron al amparo del calor oficial, digamos las “empresas amigas del gobierno”. Sin embargo, no nos resulta nada extraño la utilización permanente de las adjudicaciones directas, sin licitación pública, en consecuencia su adjudicación en forma directa e incluso como en este caso adjudicándose anticipadamente al supuesto llamamiento, violando todas las excepciones que establece claramente la Ley de Contratación de la Provincia, que fija claramente montos de las distintas formas de adjudicación, las que son violadas reiteradamente, sin ninguna justificación o excusa alguna, por sumas de dinero exorbitante, que no resisten el menor análisis, en cuanto a las razones económicas, como legales, es decir, que la excepción se convirtió en regla y la normal en excepción, las que incluso, ni siquiera guardan los más mínimos pruritos al menos formales, como para justificar esta flagrante violación legal.
La preocupación de este Bloque del FUP, es tener al menos una explicación, sobre estas cuestiones que consideramos imprescindible para con la comunidad, como para este cuerpo, que de ser cierto, algún fiscal de la Justicia local debería proceder a verificar estas cuestiones, que son de puro derecho, y no esperar el pronunciamiento de esta Cámara, si fuera positivo, para recién encaminar alguna acción legal ha que diera lugar.
JOSÉ LUÍS ZAVALÍA INÉS TROGOLO DE MAROZZI