DESOBEDIENCIA Y DENEGACION DE JUSTICIA SANTIAGUEÑA

Un gravísimo caso de desobediencia judicial y denegación de justicia se estaría dando en los estrados tribunalicios santiagueños desde hace diez años, según denunció el bandeño Benjamín Rodolfo Ruiz Martínez. Agotadas todas las instancias para recuperar una propiedad por la que celebró un boleto de compraventa y que una firma tucumana le tiene usurpada, los denunció ante el gobierno de la provincia, sin éxito por el momento.

En el escrito que le hizo llegar a Gerardo Zamora, le dice que el 10 de enero de 1998, firmó un boleto de compraventa mediante el cual adquirió un inmueble de 3.000 hectáreas de tierra, “Estancia El Salvador”, en el departamento Choya por 120.000 pesos.

Tomó posesión mediante acta de oficial de Justicia y el 15 de julio de 1998, celebró un contrato de arrendamiento a favor de un tercero, luego de desmontar 1.000 hectáreas. Luego la vendedor volvió a vender la propiedad “en fraude de mis derechos adquiridos”, dice Ruiz, por lo que formalizó una demanda civil por cumplimiento y nulidad de acto jurídico y una denuncia penal por desbaratamiento de derechos acordados, ambos en la provincia de Tucumán, que era competente porque allí se había firmado el boleto de compraventa.
La justicia tucumana dictó la medida cautelar de prohibición de tomar la posesión, contra la firma tucumana, segunda compradora de la estancia. Pero esta empresa tucumana, luego de notificada la prohibición judicial, usurpó el inmueble a punta de pistola.

Luego de presentarse ante la justicia penal de Frías el juez de instrucción ordenó la restitución de la estancia a favor de Ruiz. Pero la firma tucumana, formalizó un interdicto de retener la posesión, “que de haber sido tramitado ante un juez idóneo, merecía el rechazo, dice Ruiz.

Luego, los usurpadores transfieren la propiedad a distintas firmas del mismo grupo económico, usando de diversos abogados para provocar la inhibición o excusación de jueces y favorecer la impunidad de los autores de los ilícitos.
Uno de los jueces, cuñado del ministro Ricardo Daives, “fue autor de un acto ilícito que origina el desalojo” de Ruiz, “basado en una resolución dictada en violación a la ley” y posteriormente anulada. En una actitud que el denunciante no duda de calificar como “salvajismo”.

Luego de algunas consideraciones, Ruiz pone en conocimiento del gobernador, que la justicia santiagueña “sea mediante evasivas o resoluciones infundadas”, se niega a cumplir con la medida de prohibición de tomar posesión, “impidiendo que el poseedor legítimo pueda ejercer sus derechos adquiridos”.

Luego de varias peripecias, nueve años después, cuando todo hacía imaginar la probabilidad de reconocimiento de derechos de Ruiz, la cámara de apelaciones criminal, manda al juez inferior a investigar si existe algún hecho que interrumpa la prescripción, lo que fue calificado por el demandante, como un “horror judicial”.

También fue denunciado el registro de la propiedad, que fue notificado para inscriba la anotación de litis, sin que el organismo devuelva el oficio diligenciado, como lo prescribe la ley. El incumplimiento de la orden judicial se dio ante la supuesta falta de un sello de agua. Al mismo tiempo se tomó conocimiento de que un dependiente del registro manipuló el oficio para evitar la anotación, permitiendo que se realizara la transmisión fraudulenta de la propiedad.