Sandra Juárez tenía 33 años y falleció el sábado, como consecuencia del violento momento emocional, debido a la tensión que le tocó vivir junto a familiares y vecinos, cuando se oponían al avance de las topadoras.
Era una de las mujeres que integran el grupo de resistencia de unas veinte familias campesinas que luchan tratando de impedir la usurpación de sus tierras por la empresa cordobesa Namuncurá, en San Nicolás, a pocos kilómetros de Huyamampa, departamento Banda.
Ante el asedio de las máquinas, tarea que vienen soportando desde hace unas tres semanas, su corazón no resistió más y entregó su vida defendiendo la tierra que la vio nacer.
En San Nicolás, el trabajo de las topadoras es protegido por la Policía de la provincia, a través de un convenio firmado entre la empresa y la policía. Los empresarios pagan una elevada suma de dinero para que mediante una tarea adicional, la Guardia de Infantería haga primar la usurpación de los campos sobre el derecho de estas familias, que tienen la posesión de estas tierras desde tiempo inmemorial.
La muerte de Sandra y la situación que atraviesa por estos días la gente de San Nicolás es, según dicen los campesinos otro tremendo acto de injusticia de las instituciones del Estado. Lo que es peor es que el convenio tiene valor legal, está hecho en el marco jurídico, con intervención de lo que algunos llaman “Justicia santiagueña”
Dentro de un mes, el 17 de abril, será el día internacional de la lucha campesina y Santiago sumará una víctima más a esta lucha. Ese día se cumplirá un año desde que las organizaciones campesinas, nucleadas en la mesa provincial de tierra, marcharon por las calles de la capital, cuando presentaron un documento en el que expresaron su gran preocupación por los manejos de la mal llamada Justicia santiagueña, en desmedro de las familias de campesinos pobres de la provincia.
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