Los medios de prensa locales asociados al poder político lograron su cometido. En tanto ninguna voz autorizada (académica o jurídica) atinan salir al brete. Es que resulta difícil hacerlo en el actual marco político. Pero la gravedad de cuanto puede llegar a ocurrir, si se sigue transitando este camino, nos obliga a ocuparnos de él.
El gobernador Zamora está empeñado en aferrarse a su cargo hasta más allá del límite que le impone la norma constitucional vigente ( art. 152 C.P.). Él mismo lo confirmo "...aceptando el desafío...". Los adalides de la cruzada re-reeleccionista no son extraños ni improvisados: son los principales operadores políticos del gobernador. Muchos de los cuales fueron Convencionales Constituyentes (2005) de la constitución que hoy cuestionan con total hipocresía sosteniendo un proyecto subversivo (en el sentido propio del término).
¿Es bueno o es malo que las personas se perpetúen en el ejercicio del poder?. El constitucionalismo nacional enseña que "...una posible re-reelección nos puede llevar al autoritarismo incontrolado, la estabilidad no se logra con la re-reelección, por el contrario, se la pierde poniendo por encima los intereses de tipo personalista. El reeleccionismo es malo para la salud republicana, aunque sea compatible con las formas democráticas...".
La república exige mucho más que votaciones periódicas. Exige que nadie acumule un poder excesivo que llegue a ahogar las libertades. Hay casos paradigmáticos en Argentina donde, aunque el pueblo vote, la República está ausente: la Catamarca de los Saadi, el San Luis de los Rodríguez Sáa, la Santa Cruz de Néstor Kirchner.
En el caso planteado por el Partido Federal (integrante del Frente Cívico y Social - sector gobernante) las Normas Supremas son claras. La Constitución Provincial reformada en el 2005 en su art. 152 acepta la reelección inmediata o sucesivo por un período ( el gobernador y vicegobernador ejercerán sus funciones por el termino de cuatro años .. Podrán ser reelectos o sucederse recíprocamente, por un nuevo período únicamente...-sic-). Esa reforma permitió a Zamora acceder el 23 de Marzo/2009 a un nuevo período de gobierno que culmina el 10 de Diciembre/2013. Bajo tales Normativas Gerardo Zamora acepto el proceso electoral que lo ungió nuevamente como gobernador. Es decir, acepto la voluntad soberana de los Constituyentes, los mismos que impusieron en la reforma constitucional una cláusula transitoria (sexta) de interpretación según la cual " el mandato del Gobernador de la Provincia al momento de sancionarse esta reforma, deberá ser considerado como primer período ... (sic). Y esa fue la Ley Suprema que los Constituyentes, Diputados, Funcionarios Judiciales y hasta el mismo gobernador Gerardo Zamora y demás autoridades provinciales juramentaron "cumplir y hacer cumplir".
Esta cláusula transitoria 6ta es tan norma constitucional como cualquiera de los demás artículos de la Ley Suprema local. Tiene la misma validez que, por ejemplo, otra disposición transitoria –la 13° que impide la re-reelección de los Intendentes, cuando expresa " ...el mandato de los intendentes electos en el año 2005 será considerado como primer mandato ... El mandato de los intendentes reelectos en el año 2005 durará cuatro años no siendo posible la reelección inmediata - sic -". No queda duda alguna, que la referida cláusula transitoria 13° fue la que impidió a muchos intendentes en ejercicio su posible re-reelección en las pasadas elecciones del 5 de septiembre ( el caso de la ciudad de Loreto, su mejor ejemplo ).
Lo dicho significa que la referida transitoriedad de ambas Normas (6° y 13°) incluidas en nuestra Constitución en el año 2005, al presente son letra muerta. Su provisoria vigencia expiró para el Gobernador (6°) en la elección que habilito su segundo mandato a partir del 23 de Marzo del 2009; en tanto, para los Intendentes (13°) en las pasadas elecciones del 5 de setiembre. Por lo que la pretendida Acción Meramente Declarativa iniciada por el Partido Federal ante los Tribunales locales en la interpretación de la Cláusula Transitoria 6° de la Constitución, no posee asidero legal ni constitucional alguno. Los señores Jueces no pueden interpretar Normas fenecidas o al presente inexistentes. La única forma legal y posible de que Zamora pueda acceder a un tercer mandato consecutivo es que una nueva reforma constitucional lo habilite en modo expreso, no hay otra forma legal posible.
El pretender alcanzarlo por una vía oblicua (Acción Meramente Declarativa o similar) es notoriamente, ilegal. Intentar obtener un pronunciamiento judicial de una Corte Provincial, cuya mayoría controla y que ha dado muestras sobradas falta de independencia para habilitar a una nueva re-reelección, no es el camino que la Democracia y el Régimen Republicano aconsejan. Jueces adictos, pueden ser compelidos en su "sana critica" mediante el absurdo de considerar que una norma constitucional es inconstitucional, o que se la tenga por no escrita la disposición transitoria 6ª y se permita una nueva aventura electoral del actual gobernador.
El inadmisible procedimiento escogido por el Partido Federal, es rechazado en cualquier país o sociedad políticamente civilizado. Por más que se cuente con el aval de dirigentes sindicales, sociales, diputados y hasta con la simpatía del empresariado local.
Por ello sostenemos: ¿Estamos en la antesala de un golpe de estado jurídico? al estilo Fujimori, donde se guardan las apariencias de legalidad formal, mientras se vulnera groseramente la legalidad real.
Significaría un gravísimo retroceso institucional, político, una crisis de legalidad y de seguridad jurídica sin precedentes en nuestra historia institucional, ante estos conatos de ruptura republicana.
En todo esta aparente legalidad formal que se presenta, los medios de comunicación en su mayor parte concentrados en enormes y poderosísimos grupos económicos jugaran en favor de los delirios reeleccionistas de Gerardo Zamora. De ello no queda duda alguna. Asi los vimos actuar desde el año 2005 ante la corrupción creciente, la destrucción del Poder Judicial independiente, el avasallamiento de la seguridad jurídica y ciudadana, siendo cómplices desde el silencio a los reales intereses del pueblo.
Solo aspiramos, contribuir en algo con el principio de legalidad que nos merecemos como Republica y, que estos trasnochados intentos re-reeleccionistas sean desalentados por eruditos constitucionalistas locales y nacionales que hasta ahora mantienen silencio. Ojalá no haya dirigentes políticos, empresariales o eclesiásticos que sean complacientes con estos atropellos.
Nos queda solo, la esperanza ciudadana.
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