Virgilio Palud, juez Federal de Reconquista, decía a un medio periodístico, hace ya varios años, que un centenar de pistas clandestinas recibían miles de vuelos por año que descargaban mercaderías sin control. El fenómeno se da en diferentes lugares del norte santafecino, Santiago de Estero, Formosa y Salta.
Quienes hemos estado cerca del escenario público en las últimas décadas no podemos dejar de advertir que el reclamo por la radarización comenzó apenas se instaló la democracia. Han transcurrido casi tres décadas y varias administraciones, de diferente signo, pero el proyecto sigue estancado. Los motivos han sido varios, pero el resultado es el mismo: a casi tres décadas de la llegada de la democracia, seguimos sin radares. Y la radarización es el primer vínculo del delito con las redes globales, la primera complicidad.
Es más: no ha logrado sancionarse -como los países vecinos- una ley adecuada de protección de cielos que autorice a la Fuerza Aérea a derribar aviones que desobedezcan en forma repetida la orden de aterrizaje.
Cuando aterrizan los vuelos y sus cargas se trasladan a los camiones encargados de distribuirlas, es demasiado tarde.
¿Es tan difícil coordinar la acción de los organismos de seguridad en las zonas de frontera, las rutas nacionales y las policías provinciales?
Sin esa coordinación entre Gendarmería, Policía Federal, policías provinciales y justicia federal, la tarea es inocua.
¿Es tan difícil detectar a los carteles ya instalados en el conurbano, en Rosario, en Córdoba y en otros lugares del país, y encontrar sus vinculaciones policiales, judiciales, políticas y empresariales?
Sin hacerlo, estamos condenados a que algún operativo esporádico, especialmente focalizado, tape el verdadero desarrollo de redes que están impregnando gran parte del sistema policial, judicial y político argentino, en los niveles nacionales, provinciales y locales.
Las redes mafiosas son el contenedor que expande todas las formas delictivas: narcotráfico, tráfico de personas, desarmaderos, robo de automóviles -principal situación de asesinato-, secuestros extorsivos y -quizás lo más importante- la instalación de una situación de convivencia con espacios delictivos que permite el florecimiento de otras modalidades de delitos, y la cooptación integrantes de las propias fuerzas de seguridad
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