Se está pergeñando un escandaloso acuerdo entre la burocracia sindical y el gobierno de Gerardo Zamora que, de lograrse, convertiría al Instituto de Obra Social del Empleado Provincial en la caja que pague los gastos y lujos de la dirigencia de la Confederación General del Trabajo de la provincia.
Según denuncio el diputado José Zavalía, de concretarse el “arreglo”, el instituto será administrado por tres representantes de la central gremial y dos del gobierno, dejando de lado a los genuinos dueños de la obra social, que son los afiliados.
Por ello convocó a los colegios profesionales ligados al instituto, a los afiliados y trabajadores de todas las reparticiones a tomar parte activa en las deliberaciones para impedir que se concrete el saqueo.
Los tres impulsores del proyecto de ley, son los diputados provinciales Gerardo Montenegro y Ángel Llamazares, a quien se suma José Gómez, titular de la Confederación del Trabajo local, quienes, según Zavalía no tienen intereses genuinos en la obra social provincial pues cada uno tiene su propia obra social que administran con criterios de empresarios.
Zavalía sostuvo que presentará un proyecto alternativo, que contemple la elección directa de cinco representantes para hacerse cargo del directorio de la obra social provincial más uno o dos representantes del Poder Ejecutivo.
Cuestionó que en el proyecto se encargue a una empresa particular auditar las cuentas del instituto y sostuvo que en su proyecto esta tarea le será encargada a representantes del Colegio de Abogados y de Contadores Públicos, quienes a su vez serán controlados por dos diputados oficialistas y dos opositores.
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