El síncope que abatió a Néstor Kirchner provocó en simultáneo, si se quiere, una implosión política.
Aunque él a veces jugueteaba con la denominación de “primer caballero”, la desaparición de Kirchner tiene una significación que excede largamente ese rol protocolar, el de diputado nacional o el de secretario general de UNASUR. Con su muerte se disuelve abruptamente el eje ordenador y conductor del sistema de poder vigente. Ese sistema de poder estuvo siempre concentrado, centralizado y articulado por Néstor Kirchner, tanto mientras ejerció personalmente la presidencia como durante el tiempo en el que ese cargo ha estado ocupado por su esposa. Como señaló Rosendo Fraga en La Nación: “La falta de Kirchner deja la sensación política de que falta el Presidente”.
Su desaparición corta de un tajo los hilos de todas las redes -políticas, partidarias, sindicales, empresariales- que llegaban a esa terminal única que Kirchner representaba.
Un cortocircuito de semejante magnitud no puede sino someter a grave riesgo la gobernabilidad y sobre este punto reflexionan e intercambian ideas por estas horas, atravesando las jornadas de duelo, hombres de la política, la economía y las empresas.
Es que en la Argentina la dinámica política prevalece sobre lo institucional y lo que colapsó esta mañana en Calafate con el corazón de Kirchner fue el motor central del poder político. Un motor que ya se observaba averiado pero que seguía funcionando y todavía contenía, aunque cada vez con mayor esfuerzo, las fuerzas centrífugas de su sistema.
Las instituciones, por otra parte, venían ofreciendo un cuadro de anemia y una suerte de empate en la inmovilidad. Ya era una anomalía que la figura central del ordenamiento constitucional, el Poder Ejecutivo, se viera empalidecida por la fuerza real del poder de Kirchner, a quien se atribuía –con cierto realismo- capacidad para hacer y deshacer. En cualquier caso, el poder del Ejecutivo venía debilitándose, hasta el punto que, a un año de haber impuesto una ley que estima vital para sus intereses, como la Ley de Medio, no ha conseguido aún ponerla en ejecución. El Congreso, cuando consigue aprobar leyes, choca con el veto del ejecutivo, como ocurrió con la del 82 por ciento para los jubilados. En cuanto a la Corte Suprema, puede dictar un fallo como el de la reposición del Procurador de Santa Cruz para resignarse luego ante la resistencia del gobierno provincial a darle cumplimiento.
Si la dinámica política es la que prevalece, es de allí de donde deberían surgir las respuestas al riesgo que se cierne sobre la gobernabilidad.
La historia argentina muestra que en situaciones críticas, las provincias -anteriores y constituyentes de la Nación- son los pilares que pueden sostener el proceso político democrático y la gobernabilidad. Los gobernadores unidos (incluyendo, obvio, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), más allá de su pertenencia partidaria, encarnan poderes territoriales efectivos y un valor institucional fundante, como es el federalismo.
La súbita desaparición de Néstor Kirchner, al retirar de improviso la viga principal que sostenía la administración de su esposa y dejar al país en peligro de ingobernabilidad, impulsa al centro de la escena a los jefes territoriales.
Las circunstancias distinguen particularmente la figura del gobernador bonaerense: no sólo porque está al frente de la provincia más grande (en población, en capacidad productiva), sino porque se ha caracterizado por una actitud de respeto y diálogo que el contexto ayuda a valorizar. A esos atributos se suma ahora, desde la muerte de Kirchner, la presidencia del Partido Justicialista. Los partidos pueden aportar al espíritu de concordia y pacificación de los espíritus que requiere la empresa de la gobernabilidad.
El escenario por un instante está en penumbras pero se intuyen los ajetreo que preceden el inicio del próximo acto.
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